El primer tratado internacional legalmente vinculante sobre inteligencia artificial (IA) estará abierto para su firma el jueves por los países que lo negociaron, incluidos los miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido, según informó la organización de derechos humanos del Consejo de Europa.
La Convención sobre IA, que ha estado en proceso durante años y fue adoptada en mayo tras discusiones entre 57 países, aborda los riesgos que puede presentar la IA, al tiempo que promueve la innovación responsable.
“Esta Convención es un paso importante para asegurar que estas nuevas tecnologías puedan ser aprovechadas sin socavar nuestros valores más antiguos, como los derechos humanos y el estado de derecho”, dijo la ministra de justicia de Reino Unido, Shabana Mahmood, en un comunicado.
La Convención sobre IA se centra principalmente en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas por sistemas de IA y es independiente de la Ley de IA de la Unión Europea, que entró en vigor el mes pasado.
La Ley de IA de la UE incluye regulaciones exhaustivas sobre el desarrollo, implementación y uso de sistemas de IA dentro del mercado interno de la UE.
El Consejo de Europa, fundado en 1949, es una organización internacional distinta de la UE con el mandato de salvaguardar los derechos humanos; 46 países son miembros, incluidos los 27 estados miembros de la UE.
Un comité ad hoc comenzó en 2019 a examinar la viabilidad de un tratado marco sobre IA y en 2022 se formó un Comité de Inteligencia Artificial que redactó y negoció el texto.
Los signatarios pueden optar por adoptar o mantener medidas legislativas, administrativas u otras para dar efecto a las disposiciones.
Francesca Fanucci, experta legal del ECNL (Centro Europeo para el Derecho de las Organizaciones Sin Fines de Lucro), quien contribuyó al proceso de redacción del tratado junto a otros grupos de la sociedad civil, dijo a Reuters que el acuerdo había sido “diluido” en un conjunto amplio de principios.
“La formulación de principios y obligaciones en esta convención es tan amplia y está llena de salvedades que genera serias dudas sobre su certeza legal y su efectiva aplicabilidad”, comentó.
Fanucci destacó las exenciones para los sistemas de IA utilizados con fines de seguridad nacional y el limitado escrutinio de las empresas privadas en comparación con el sector público, como fallos del tratado. “Este doble estándar es decepcionante”, añadió.
El gobierno del Reino Unido declaró que trabajaría con los reguladores, las administraciones descentralizadas y las autoridades locales para asegurar que pueda implementar adecuadamente sus nuevos requisitos.
